El amianto: un grave problema de salud laboral del que España ignora oficialmente el número de afectados

En España se siguió fabricando productos con amianto 25 años después de que se prohibiera en Europa

En España no hay un censo fidedigno del número de personas que han estado en contacto con el amianto. Una política laxa de la administración respecto a las empresas ha causado esta anormalidad. Esto hace muy difícil el seguimiento y la prevención de los casos que se puedan dar.

El amianto es un producto que se encontraba, hasta finales de los años 70, en muchos lugares: frenos, productos ignífugos o cubiertas y revestimientos de edificios. España fue en la década de los años 70 y 80 la mayor productora de amianto. En 1975 se constató que estar en contacto con este producto producía a las personas graves enfermedades: asbestosis y cáncer de pulmón entre ellas. Por eso en Europa se decidió prohibir la fabricación de cualquier producto con amianto. España creó en 1984 el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) al que las empresas tenían que inscribirse, pero no eran penalizadas si no lo hacían, y algunas hicieron caso omiso de la medida. De hecho, en España se mantuvo el uso de amianto hasta el año 2001, con una moratoria hasta 2002.

Se considera y así lo recogen algunas de sus publicaciones, que el contacto con el amianto ha producido directa o indirectamente 40.000 muertos y en el futuro podría llegar a producir hasta 20.000 más.

Los efectos del amianto sobre la salud de las personas que han estado en contacto con él no siempre es inmediato. A veces las enfermedades aparecen 15 o 20 años después en forma de trastornos muy importantes que, en muchos casos, son fatales.

En Catalunya, empresas como Uralita, en Cerdanyola; Rocalla, en Castelldefels, La Maquinista en Barcelona y compañías como Federal Mogul en Viladecans utilizaron amianto en sus procesos de producción durante años.

En algunos casos los trabajadores, en activo o ya jubilados de dichas empresas, han creado censos para conocer los nombres de las personas que podrían haber estado expuestas al producto. En Federal Mogul la recopilación tiene más de 2.000 inscritos.

La aparición de muchas enfermedades vinculadas con el amianto hizo que se crearan entidades para velar por los derechos de los afectados. Por un lado para conseguir el reconocimiento del caso como enfermedad profesional y por otro para obtener indemnizaciones de las empresas que, a pesar de saber la peligrosidad del producto usado en sus procesos de producción, los mantuvieron, en muchos casos, sin proporcionar mecanismos de protección a sus trabajadores.

Durante estos años se han producido demandas de trabajadores relacionadas con el amianto contra las empresas en las que habían trabajado. Los afectados reclaman indemnizaciones, pero, en caso de que el veredicto les sea favorable la media que se tarda en conseguirlo son 5 o 6 años. Esto, en personas de edad avanzada hace que algunas veces mueran antes de que el proceso haya terminado.

Padecuadas las medidas tomadas

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